APRUEBA LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

El 29 de diciembre de 2016 fue publicado el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. La misma ha derogado a la Ley N° 26338, Ley General de los Servicios de Saneamiento, y a la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. De ese modo, la norma busca el fortalecimiento y eficiencia de la gestión del sector saneamiento mediante la creación de un marco normativo sectorial único.

La nueva Ley Marco incorpora nuevos principios aplicables a la prestación de servicios de saneamiento. Entre ellos se encuentra su esencialidad, por la que dichos servicios gozan de una especial protección de la ley y una asignación presupuestaria prioritaria, así como el equilibrio económico financiero, por el que se busca garantizar que los operadores cuenten con ingresos suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento de los sistemas. Además, se ha incorporado el principio de rendición de cuentas, que obliga a los prestadores a asignar de forma eficiente y transparente las responsabilidades como tales.

La norma también incrementa las responsabilidades de los gobiernos regionales. Estos ya no se limitan a apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales, pues también pueden formular y aprobar planes y políticas regionales en materia de saneamiento. Además, deben recopilar información sobre infraestructura y gestión de la misma. Por otro lado, los gobiernos locales de áreas rurales o ciudades pequeñas se ven obligados a crear un Área Técnica Municipal encargada de supervisar y brindar asistencia a los prestadores de servicios de saneamiento.

El artículo 13 de la norma establece como requisito para la constitución de empresas de saneamiento la opinión favorable de la SUNASS, aplicando criterios de viabilidad técnica, legal y económica-financiera. Además, se determinan las modalidades de integración de servicios de saneamiento, prohibiendo expresamente la desintegración o escisión de las mismas, y se renueva el marco normativo relativo a la imposición de servidumbres. Sobre este último punto, se incorpora la figura de la servidumbre de ocupación temporal, siempre que sea necesario para la ejecución de las obras. El artículo 32 de la norma autoriza al Ministerio de Vivienda la imposición de servidumbres forzosas mediante Resolución Ministerial, prescindiendo de la opinión de SUNASS.

Con relación a los derechos de los operadores, se incorpora el cobro del pago adicional por exceso de concentración de las descargas de aguas residuales a los usuarios no domésticos, además de la percepción de determinados aportes no reembolsables. Además, respecto de las contribuciones reembolsables, se especifica que estas pueden efectuarse con cargo a los recursos destinados a inversión del prestador o los que reciba en virtud a convenios suscritos para la ejecución de proyectos con otras entidades públicas.

 Finalmente, la norma organiza las obligaciones de los operadores, dispersas en la norma anterior, y modifica las causales para determinar la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio a los operadores, así como sus efectos. Además, se incorporan diversas disposiciones relacionadas con el buen gobierno corporativo y el régimen societario de las empresas prestadoras.

Para mayor información por favor contactar a Verónica Sattler (vsattler@estudiorodrigo.com) o a Fiorella Monge (fmonge@estudiorodrigo.com)

Esta comunicación ha sido elaborada por el Área de Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura.

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