Establecen los plazos aplicables a las entidades de la Administración Pública para la implementación de la interoperabilidad

El 22 de junio de 2017 se publicó el Decreto Supremo N° 067-2017-PCM, el cual establece el plazo para la interoperabilidad de las entidades de la Administración Pública distintas a las comprendidas en el Poder Ejecutivo, regulada en el Decreto Legislativo N° 1246 que aprobó diversas medidas de simplificación administrativa.

Para las entidades de la Administración Pública distintas a las comprendidas en el Poder Ejecutivo, la interoperabilidad se implementará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto Supremo N° 067-2017-PCM.

En el caso de los Gobiernos Locales, los plazos de implementación, que también se contarán a partir del día siguiente de la publicación del Decreto Supremo N° 067-2017-PCM, serán de ciento veinte (120) días hábiles para los Gobiernos Locales de ciudades principales tipo A y ciento ochenta (180) días hábiles para los Gobiernos Locales de ciudades principales tipo B. La clasificación de las ciudades principales tipo A y ciudades principales tipo B, se encuentra establecida en los anexos que acompañan al Decreto Supremo N° 067-2017-PCM.

Por otro lado, se menciona que los Gobiernos Locales deben proporcionar la siguiente información a las entidades de la Administración Pública de manera gratuita y permanente: (i) consulta de licencia de funcionamiento, (ii) consulta de predios y (iii) consulta sobre información matrimonial.

Los Gobiernos Locales que posean y administren la información señalada en el párrafo anterior, deberán ponerla a disposición del público a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI).

No obstante aquello, y mientras se implemente la interoperabilidad, la información señalada anteriormente que resulte aplicable para realizar un trámite o procedimiento administrativo podrá ser sustituida, a opción del administrado, por una declaración jurada, conforme lo establece la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Finalmente, cualquier incumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo N° 067-2017-PCM constituirá una falta que será sancionada según su gravedad, previo procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1246.

Para mayor información por favor contactar a Andrea Morelli (amorelli@estudiorodrigo.com).

Esta comunicación ha sido elaborada por el área de Regulación de Servicios Públicos de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.

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