Por José Reaño, publicado en el diario Gestión el 31 de marzo de 2017.

Mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2017, el Ejecutivo dispuso la continuidad de los proyectos pese a que una empresa incurra en actos de corrupción; y además precisó un procedimiento de garantía respecto al cobro de una reparación civil a favor del Estado, explicó el penalista Carlos Caro en “La Hora N”.

Asimismo, dijo que el Ministerio de Justicia, a través de sus lineamientos (especie de reglamentos de la ley), debe publicar un listado de las empresas impedidas de contratar con el Estado, pero has- ta ahora no lo ha hecho. (Ver más …)