Actualidad

MODIFICACIÓN A LA LEY GENERAL DE ADUANAS.-

Mediante Decreto Legislativo No. 1235 se aprobaron modificaciones a la Ley General de Aduanas tendientes, de un lado a facilitar el comercio y, de otro, a garantizar las acciones de control aduanero en relación con las mercancías que ingresan o salen del país. A continuación las modificaciones más importantes:

  • Operadores Económicos Autorizados (OEA)

Los OEA son generadores de confianza administrativa que gozan de facilidades administrativas y de flexibilización de controles aduaneros. Con la finalidad de hacer más atractiva esta certificación se han establecido beneficios complementarios tales como:

-       La presentación de una única declaración de mercancías en relación con despachos realizados dentro de un plazo determinado.

-       La presentación de información mínima para el retiro de mercancías con la posibilidad de completar la información faltante en forma posterior.

-       La presentación de garantías reducidas o el estar exento de dicha presentación.

Se ha dispuesto que la Aduana pueda directamente ampliar estos beneficios, con lo que se pretende dar mayor autonomía y dinamismo para que sea la propia autoridad aduanera la que amplíe el ámbito de los beneficios establecidos en la ley (los cuales estarían concebidos como facilidades mínimas al que podría acceder un OEA). Así, se contaría con la posibilidad de otorgar beneficios específicos pensando en la operatividad de cada uno de los tipos de empresas certificadas como OEA.

De momento, el OEA comprende a los exportadores, agentes de aduanas y depósitos aduaneros. Se espera que el OEA importador sea implementado en poco tiempo.

  • Suspensión de plazos de procedimientos aduaneros

Los plazos aduaneros están sujetos a plazos perentorios cuyo incumplimiento origina que la mercancía caiga en abandono legal, que se pierdan beneficios aduaneros o que se deban pagar multas.

Se han incluido dos causales justificantes adicionales para autorizar la suspensión de los plazos aduaneros:

-       Las fallas en los sistemas internos o la falta de implementación informática atribuibles a la SUNAT; y

-       El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente acreditada ante la Aduana.

 

Se mantiene la exigencia que el pedido de suspensión deba ser presentado durante la vigencia del plazo de los trámites y regímenes aduaneros.

Anteriormente, la suspensión de plazos sólo aplicaba durante el tiempo que las entidades públicas o privadas se demoraran en expedir documentos necesarios para el cumplimiento de obligaciones aduaneras. Este era el típico caso, por ejemplo, de la expedición de cartas fianza en garantía de los tributos de importación suspendidos en los regímenes de Admisión Temporal para reimportación en el mismo estado y el de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo.

  • Supuestos no sancionables

Se han incluido dos supuestos adicionales en los que no procede la aplicación de sanciones aduaneras:

-       Hechos que sean calificados como caso fortuito o fuerza mayor; y

-       Fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática atribuibles a la SUNAT

Se mantienen como supuestos no sancionables los errores de transcripción y los errores de codificación.

La modificación en referencia se aleja del criterio objetividad para la determinación de la infracción dispuesto en el artículo 189 de la LGA al contemplar supuestos adicionales en los que no procede aplicar sanción alguna a pesar que se haya verificado un determinado incumplimiento.

  • Nuevas responsabilidades y obligaciones para operadores de comercio exterior

Se han establecido nuevas responsabilidades y obligaciones para los transportistas en relación con la transmisión y entrega del manifiesto de carga; la rectificación e incorporación de documentos en el manifiesto de carga; establecimiento de medidas de control para la carga, descarga y desembalaje de mercancías.

En el caso de los almacenes aduaneros se ha precisado la obligación de transmitir y entregar la información relacionada con las mercancías que reciben o debieron recibir eliminándose las referencias a la Nota de Tarja o Tarja al Detalle.

Tanto para los transportistas como para los almacenes aduaneros se ha adecuado el esquema infraccional en forma acorde con las obligaciones a su cargo.

  • Precisiones en torno a las sanciones de suspensión, cancelación o inhabilitación

Se señala de modo expreso que, en el caso de las sanciones de suspensión, cancelación e inhabilitación, se tomarán en consideración los hechos y las circunstancias que se hubiesen presentado respecto a la comisión de la infracción a fin que la sanción a imponerse sea proporcional al grado y a la gravedad de la infracción cometida.

En base a esta precisión no hay restricciones para la aplicación, en el caso de estas puntuales sanciones, de los principios del Derecho Sancionador contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444), situación que no ocurre con las sanciones de multa que son impuestas por la Aduana.

De otro lado, la infracción para los operadores de comercio exterior consistente en no mantener los requisitos de operación autorizados ya no será sancionada con una suspensión de actividades sino con una multa administrativa a ser fijada por la autoridad.

  • Regulaciones aplicables a los puertos, aeropuertos y terminales terrestres internacionales

Se han establecido obligaciones aduaneras puntuales para los puertos, aeropuertos y terminales terrestres internacionales relacionadas, entre otras, con:

-       Contar con infraestructura que garantice la seguridad e integridad de la carga y contenedores, así como implementar medidas operativas para dichos fines.

-       Proporcionar información requerida por la Aduana.

-       Facilitar las labores de la Aduana.

-       Permitir el acceso a su sistema de control y seguimiento para los fines de las acciones de control aduanero.

El incumplimiento de estas obligaciones determinará el incurrir en infracción sancionable con multa a ser fijada por la autoridad

Salvo contadas excepciones, el grueso de estos cambios entrará en vigencia con la publicación de normas complementarias a ser expedidas por el Ministerio de Economía y Finanzas destinadas a adecuar el actual Reglamento de la LGA a las modificaciones a las que hemos hecho referencia. Estas normas deberán ser publicadas en un plazo de 120 días calendarios, contados a partir de la fecha de publicación del Decreto Legislativo No. 1235. Con ello, este plazo estará venciendo durante la segunda quincena de enero de 2016.

ESTABLECEN REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS ELABORADOS INDUSTRIALMENTE DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO.-

Mediante Decreto Legislativo No. 1222 se ha establecido que para la fabricación, fraccionamiento, almacenamiento, expendio o comercialización de alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano será necesario contar con una Certificación de Principios Generales de Higiene o de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, según corresponda, por establecimiento y/o línea de producción.

Precisa dicha norma, además, que para el caso de la importación también será necesario contar con la autorización sanitaria de producción o la que haga sus veces, emitida por la autoridad sanitaria competente del país de origen del producto.

En función a ello, se tiene que a partir de la entrada en vigencia de esta norma no será necesario que los alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano cuenten con registro sanitario.

Cabe resaltar que esta norma empezará a regir a partir de la fecha de entrada en vigencia de sus disposiciones reglamentarias. El plazo para que éstas sean expedidas vence la segunda quincena del mes de enero de 2016.

CONSULTAS PARTICULARES A LA SUNAT SOBRE ALCANCES DE NORMATIVA.- 

Mediante Decreto Supremo No. 253-2015-EF se han aprobado las disposiciones reglamentarias relativas a las consultas que pueden ser planteadas por particulares a la SUNAT en virtud de lo dispuesto en la Ley 30296, tal como fue informado en nuestro Boletín No. 2 del mes de febrero.

Los principales aspectos previstos en esta norma reglamentaria para la formulación de las consultas son los siguientes:

  • Las consultas se presentan por escrito ante la SUNAT y deben contener los datos de identificación del solicitante;
  • Deberán versar sobre tributos cuya obligación tributaria no haya nacido. En materia aduanera se precisa que las consultas deberán presentarse antes que se haya iniciado el trámite del manifiesto de carga o se haya numerado la declaración aduanera de mercancías;
  • Se prevén los supuestos bajo los cuales la SUNAT devolverá la consulta al interesado, sin pronunciarse sobre la misma: por ejemplo, cuando no sea presentada en la forma, plazo y condiciones establecidos; el consultante tenga la condición de no hallado o no habido; mantenga deuda exigible en cobranza coactiva, entre otros;
  • La SUNAT debe notificar la respuesta a la consulta en un plazo de 4 meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su presentación;
  • El documento de respuesta que emita la SUNAT tiene el carácter de inimpugnable.
  • La SUNAT publicará un resumen de las respuestas emitidas en el portal WEB de la SUNAT, sin identificar al consultante y manteniendo en reserva la información que califique como tal.

La implementación del sistema de consultas será progresivo. Inicialmente se ha previsto la atención de consultas en materia de aplicación de normas que regulan el Impuesto a la Renta de tercera categoría e Impuesto General a las Ventas, únicamente a determinados consultantes.

Sobre esta base, la absolución de consultas en materia aduanera aún no habría sido implementada. Se esperaría que dicha reglamentación sea publicada en breve.

JURISPRUDENCIA

EL TRIBUNAL FISCAL HA EMITIDO CRITERIOS CON CARÁCTER DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN MATERIA ADUANERA.-

  • Mediante la Resolución No. 07957-A-2015, el Tribunal Fiscal ha reiterado su posición en el sentido que la Administración Aduanera no puede aplicar multas e intereses en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170° del TUO del Código Tributario cuando, tras haber sido establecido por la Aduana un criterio determinado en cuanto al cumplimiento de la normativa aduanera, es esta misma autoridad la que posteriormente lo modifica. Ello, debido a que en relación con el primer criterio el administrado habría sido inducido a error por la propia autoridad.

En relación con lo mencionado, el Tribunal Fiscal señala que la Administración Aduanera establece criterios de clasificación no solo a través de la emisión de resoluciones de clasificación arancelaria sino también en otras actuaciones de dicha autoridad como es el caso del reconocimiento físico (canal rojo) o de la revisión documentaria (canal naranja) efectuados en el despacho aduanero respecto de una mercancía.

Este colegiado ha precisado que el criterio de clasificación adoptado en el despacho por la Administración Aduanera alcanzará a todas las mercancías importadas con posterioridad que tengan las mismas características merceológicas, al margen de si tales importaciones fueron o no efectuadas por los mismos administrados.

  • Mediante la Resolución No. 08340-A-2015, el Tribunal Fiscal ha establecido que para presentar un recurso de reclamación contra una observación al valor declarado realizada en relación con un despacho aduanero en trámite, es necesario que concurran los siguientes 2 presupuestos:

(i)            Se haya formulado duda razonable respecto del valor en un despacho aduanero de importación en trámite, de conformidad con el Reglamento para la Valorización de Mercancías según el Acuerdo de Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por Decreto Supremo N° 186-99-EF; y,

(ii)           El trámite de determinación del valor en aduanas no haya culminado a pesar de haber transcurrido el plazo de 3 meses o 1 año en caso de prórroga.

En adición a ello, en esta resolución el Tribunal Fiscal ha reiterado su posición en el sentido que no resulta ajustado a derecho descartar la aplicación del primer método para determinar el valor de las mercancías importadas en base a formalismos como, por ejemplo, no consignar la forma y condiciones de pago en la factura comercial. Máxime si, tras efectuar una apreciación conjunta de la documentación presentada por el administrado (documentación bancaria, financiera y contable), se advierte con claridad que el precio declarado por éste corresponde al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. En estos casos, como se advierte, debe primar el Principio de Verdad Material.

EQUIPO DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

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El contenido del presente informativo está referido a la descripción objetiva de disposiciones legales, informes institucionales del Ministerio de Trabajo, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y noticias vinculadas a materia laboral. No comprende la opinión que Rodrigo, Elías & Medrano Abogados tiene respecto de los mismos, por lo que no puede ser considerado como una fuente de interpretación o absolución de consultas.

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