Actualidad

Se transfieren competencias a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).- El 2 de marzo del 2014 se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución Ministerial N° 037-2014-TR, a través de la cual se aprueba la transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la SUNAFIL, en aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 29981.

La norma establece el 1 de abril del 2014 como fecha de inicio de funciones de la SUNAFIL, como Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional y el ejercicio de sus competencias inspectivas y sancionadoras en el ámbito de Lima Metropolitana.

Se suspenden procedimientos de inspección del trabajo y procedimientos administrativos sancionadores en Lima Metropolitana.- Mediante la Resolución N° 046-2014-TR, publicada el 21 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso la suspensión de los plazos de procedimientos de inspección del trabajo y de procedimientos administrativos sancionadores a cargo de la Dirección de Inspección del Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, según el detalle siguiente:

Procedimiento de inspección del trabajo Procedimiento administrativo sancionador
Actos suspendidos La distribución de órdenes de inspección y de orientación y asesoría técnica. El registro de actas de infracción y su distribución a las Subdirecciones de Inspección del Trabajo en el Sistema Informático de Inspección del Trabajo.
El inicio de actuaciones inspectivas de investigación y de orientación y asesoría. La notificación de actas de infracción.
Las órdenes de inspección y de orientación y asesoría técnica, y las actuaciones inspectivas que se realizan como consecuencia de ellas, como son las visitas, comparecencias, emisión de medidas de advertencia y requerimiento, informes o actas de infracción. La emisión de resoluciones directorales y sub-directorales que resuelvan los procedimientos administrativos sancionadores.
Plazo de suspensión Del 21 de marzo al 31 de marzo del 2014

 

Del mismo modo, se ordena la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos sancionadores en Lima Metropolitana, por el mismo plazo, relativos a la presentación de descargos, apelación y quejas. No se suspenden los plazos dispuestos en las medidas inspectivas de requerimiento.

Finalmente, la norma establece como excepción a aquellos procedimientos inspectivos y administrativos sancionadores referidos a la verificación de despidos, actos de hostilización, accidentes de trabajo, paralización de labores, afectaciones al derecho de huelga, otorgamiento de constancias de cese y, otros supuestos que determine la autoridad inspectiva.

Guía de buenas prácticas en materia de conciliación del trabajo y la vida familiar y personal.- El 28 de marzo se publicó la Resolución Ministerial N°048-2014-TR, que aprueba la referida guía de buenas prácticas.

Dicho documento tiene por objetivo central promover entre empleadores y trabajadores el cumplimiento de la normativa sobre igualdad de oportunidades y no discriminación, así como la adopción de prácticas voluntarias que permitan la conciliación entre el trabajo y la vida familiar y personal.

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional (TC) valida embargo efectuado contra empresa usuaria para garantizar créditos laborales de un trabajador de una empresa de intermediación.- Mediante la sentencia recaída en el Expediente Nro. 04264-2010-PA/TC, el TC declaró infundada la demanda interpuesta por una empresa usuaria en la que pretendía cuestionar una resolución judicial que ordenaba el embargo en forma de retención sobre los fondos de una cuenta corriente de dicha empresa.

La empresa usuaria alegaba que dicha resolución vulneraba sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso en la medida que se dispuso un embargo sobre su patrimonio sin que haya tenido participación alguna en el proceso judicial, en el cual se ordenó el pago de beneficios sociales a favor del trabajador de la empresa de intermediación.

En mayoría, el TC concluyó que las normas de intermediación laboral establecen una responsabilidad solidaria entre el empleador y la empresa usuaria, por lo que esta última debe responder en caso la carta fianza no sea suficiente. Se indica que la empresa usuaria no habría tenido un perjuicio claro al no participar en el proceso de conocimiento, más aún si en este se discutió el mero pago de beneficios legales, tales como la Compensación por Tiempo de Servicios, etc. Asimismo, se señala que la empresa usuaria no ha expresado en qué medida se ha afectado los derechos constitucionales invocados al no participar en el proceso judicial de pago de beneficios laborales.

RECOMENDACIONES

Sobre la obligación del empleador de entregar del Certificado de Retenciones de Rentas de Quinta Categoría.- Antes del 1 de marzo de cada año, el empleador deberá entregar al trabajador un Certificado de Rentas y Retenciones, en el que se deje constancia  del importe abonado y del impuesto retenido correspondiente al año anterior.

Cuando el contrato de trabajo se extinga antes de finalizado el ejercicio, el empleador extenderá de inmediato, por duplicado, el certificado de rentas y retenciones, por el período trabajado en el año calendario. La copia de este certificado será entregada por el trabajador al nuevo empleador.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Dirección de Inspección del Trabajo (DIT) confirma la sanción impuesta a una empresa por no contar con el Registro de Monitoreo de Agentes Psicosociales.- Mediante la Resolución Directoral N° 080-MTPE/1/20.2, la DIT confirmó la sanción impuesta a una empresa de servicios por no contar con el Registro de Monitoreo de Agentes Psicosociales.

La Autoridad de Trabajo sustentó su decisión en que el monitoreo de agentes psicosociales en el centro de trabajo es aplicable a todos los sectores, incluyendo el de servicios. Asimismo, la Dirección General de Salud, en el informe estadístico denominado “Vigilancia de los ambientes de trabajo 2011-2012”, determinó que un alto porcentaje de trabajadores del sector servicios se encontró expuesto a este riesgo durante dicho período.

La obligación de contar con un Registro de Monitoreo de Agentes Psicosociales se encuentra establecido en el artículo 28° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 33° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Este registro debe contener, como mínimo, la información detallada en el anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, que aprobó los formatos referenciales con la información mínima que debe contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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