Regulaciones Anti Corrupción en Perú: Congreso aprueba ley contra la corrupción empresarial 

El jueves 17 de marzo pasado, el Congreso de la República aprobó la «Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional» (en adelante, “la Ley”), cuya autógrafa ha sido remitida al Presidente de la República para su promulgación. A continuación, las principales notas distintivas de la nueva ley.

  1. ¿A quiénes alcanza y qué tiene de novedosa?

Alcanza a las personas jurídicas de derecho privado constituidas bajo cualquiera de las clases previstas en la Ley General de Sociedades (sociedades anónimas cerradas, ordinarias y abiertas; sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada), asociaciones, fundaciones, comités no inscritos, sociedades irregulares, entidades administradoras de patrimonios autónomos, empresas del Estado peruano y sociedades de economía mixta.

Instaura un nuevo sistema de imputación de responsabilidad a través del cual se sanciona autónoma y directamente a las personas jurídicas por la comisión de un ilícito penal: el delito de cohecho activo transnacional. A partir de su vigencia, las personas jurídicas podrán ser investigadas, procesadas y sancionadas por la comisión de un delito perpetrado en la marcha de su actividad negocial, aun cuando la persona natural perpetradora del ilícito penal no haya sido procesada ni condenada.

Mantiene inalterada la regulación legal vigente, según la cual las personas jurídicas pueden ser accesoriamente pasibles de medidas vinculadas a la comisión de cualquier delito, si es que en el marco de un proceso penal (i) se demuestra que el delito fue cometido en el desarrollo de  las actividades de la persona jurídica o utilizando su organización para favorecer o encubrir el ilícito penal; y, (ii) se dicta condena contra la persona natural que perpetró el ilícito penal a título de autor.

La principal novedad de la Ley es que al régimen de responsabilidad accesoria actualmente vigente para las personas jurídicas, se añade uno de responsabilidad autónoma, en el que no se requiere el procesamiento ni la condena de la persona natural que haya cometido el delito como autor.

  1. ¿Por qué delito responden autónomamente las personas jurídicas de acuerdo a la nueva Ley?

Únicamente por el delito de cohecho activo transnacional, tipificado en el artículo 397°-A del Código Penal, y que consiste en ofrecer, prometer o entregar a un funcionario público de un Estado extranjero o funcionario de un organismo internacional público (e.g. Banco Mundial, BID, PNUD, UNOPS, OIT, ACNUR, FAO, OMS, UNESCO, etc.), algún donativo o ventaja, con el propósito de obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales.

No se trata de una norma de aplicación transfronteriza —como las Leyes Anti-soborno Norteamericana (FCPA) inglesa (UK Bribery Act) y canadiense (CFPOA)—, pues la nueva Ley únicamente se aplica a los casos en los que el soborno al funcionario público (de un Estado extranjero u Organismo Internacional) ha sido realizado en territorio peruano o cuando el pago del soborno está destinado a obtener o retener un negocio en el Perú.

  1. ¿Cuándo se le imputa responsabilidad autónoma a las personas jurídicas por la comisión del delito de cohecho activo transnacional?

La persona jurídica responde autónomamente por el delito de cohecho activo transnacional, en los siguientes supuestos:

(i)    Cuando el acto de soborno es cometido en nombre (o por cuenta) de la persona jurídica y en su beneficio (directo o indirecto), por sus administradores de hecho o de derecho, representantes legales o contractuales, u órganos colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.

(ii)   Cuando el acto soborno es cometido en nombre (o por cuenta) de la persona jurídica y en su beneficio (directo o indirecto), por sujetos que presten servicios a la persona jurídica, a título de empleados, locadores de servicios o bajo cualquier otra relación jurídica, que actúen por orden o autorización de los órganos de administración de la persona jurídica.

(iii)   Cuando el acto soborno es cometido en nombre (o por cuenta) de la persona jurídica y en su beneficio (directo o indirecto), por sujetos que presten servicios a la persona jurídica, a título de empleados, locadores de servicios o bajo cualquier otra relación jurídica, y no se ha ejercido sobre ellas el debido control y vigilancia por parte de los órganos de administración de la persona jurídica.

  1. ¿Cómo se le imputa responsabilidad autónoma a las personas jurídicas por la comisión del delito de cohecho activo transnacional?

Dentro de un proceso penal seguido contra la persona jurídica, cuya representación deberá ser ejercida conforme a su régimen de poderes, y que se tramita conforme a las reglas del nuevo Código Procesal Penal.

La investigación y el proceso penal es seguido contra la persona jurídica de modo autónomo, y no contra quien ejerce su representación procesal. Lo mismo ocurre con la sanción a imponérsele a la persona jurídica: no alcanza a sus representantes.

  1. ¿Qué sanciones puede imponérsele a una persona jurídica si es declarada autónomamente responsable por el delito de cohecho activo transnacional?

Multa hasta el séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito. Cuando no es posible cuantificar el beneficio obtenido o esperado, se establecen los siguientes criterios para fijar la multa: (i) cuando el ingreso anual de la persona jurídica ascienda hasta 150 UIT, la multa es no menor de 10 ni mayor de 50 UIT; (ii) cuando el ingreso anual de la persona jurídica ascienda hasta 1,700 UIT, la multa es no menor de 50 ni mayor de 250 UIT; y, (iii) cuando el ingreso anual de la persona jurídica supere las 1,700 UIT, la multa es no menor de 250 ni mayor de 500 UIT.

  • Suspensión de las actividades sociales por un plazo no mayor de 2 años.
  • Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Esta prohibición puede ser temporal, en cuyo caso no será mayor de 5 años, o definitiva.
  • Suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de 5 años.
  • Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.
  • Clausura de locales o establecimientos, con carácter temporal (no mayor de 5 años) o definitivo.
  • Disolución de la persona jurídica.

El cambio de nombre, denominación o razón social, reorganización social, transformación, escisión, fisión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad no impiden la atribución de responsabilidad a la misma y la aplicación de las sanciones previstas en la Ley.

  1. ¿Puede imponérsele alguna medida a la persona jurídica durante la tramitación del proceso penal, antes de que se expida la sentencia?

Sí, el Juez Penal puede imponer cautelarmente las medidas de (i) prohibición de actividades futuras de la misma clase de aquellas con cuya realización se habría cometido, favorecido o encubierto el delito; y, (ii) suspensión para contratar con el Estado.

  1. ¿Para qué sirve la implementación de un modelo de prevención?

La Ley establece expresamente que la persona jurídica incursa en un delito de cohecho activo transnacional será eximida de responsabilidad si es que, con anterioridad a la comisión del delito, se adoptó e implementó en su organización un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.

  1. ¿Cuándo entra en vigencia la nueva Ley?

La Ley entrará en vigencia el 1 de julio de 2017.

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