Por  Greta Monge y César Lengua, publicado en la web Prevencionar

El sábado 30 de enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia  N° 015-2016-SUNAFIL, norma que dispuso la difusión del proyecto denominado “Directiva para el ejercicio de la función inspectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo”, el mismo que se encuentra sujeto a comentarios del público hasta el domingo 14 de febrero del 2016.

Seguidamente brindamos algunos alcances acerca del proyecto, así como también críticas que deberían contribuir a repensar algunos aspectos antes de consolidar una norma definitiva sobre el particular.

1. Origen de las actuaciones inspectivas:

  • El origen de las actuaciones inspectivas se sujetará a las disposiciones establecidas en la Directiva sobre “Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, cuyo proyecto fue publicado mediante la Resolución de Superintendencia N° 189-2015-SUNAFIL.
  • En general, el plazo máximo para el inicio de las actuaciones inspectivas sería de diez (10) días hábiles contados desde que es recibida la orden de inspección por el inspector, salvo casos que requieran de una atención inmediata (investigación de un accidente de trabajo o incidente peligroso, situaciones que supongan un riesgo grave e inminente para los trabajadores, etc.). Estos últimos casos serán atendidos incluso el mismo día de recibida la orden de inspección.
  • Para la generación de las órdenes de inspección de origen interno (es decir, las emitidas de oficio por SUNAFIL) se tomarán en cuenta como criterios de selección de las empresas inspeccionadas los resultados de las actuaciones de orientación y fiscalización anteriores, priorizando lo siguiente: si la actividad es de alto riesgo, índices de accidentabilidad, denuncias por enfermedades ocupacionales, niveles de incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, cantidad de trabajadores afectados, reincidencia en el incumplimiento de normas de SST, descansos médicos continuos, entre otros.

Comentarios:

En este punto, el proyecto debería precisar el derecho de los inspeccionados a acceder a la orden de inspección; es decir, el derecho de revisar su contenido para verificar cuáles son puntualmente las materias a inspeccionar.  Más aún cuando el punto 7.5.1 señala que la documentación que se requeriría al sujeto inspeccionado debe estar estrictamente vinculada con las materias laborales objeto de inspección.  Consideramos ello necesario porque en las actuaciones inspectivas es frecuente advertir la renuencia a la exhibición de este importante documento.

2. Trámite de las actuaciones inspectivas

  • Las actuaciones de investigación o comprobatorias se llevarán a cabo por los mismos inspectores o equipos designados hasta su conclusión, sin que puedan excederse más de treinta (30) días hábiles. El proyecto no contempla la posibilidad de extender este término por la naturaleza de la materia investigada.
  • Las actuaciones inspectivas deberán iniciarse preferentemente con una visita de inspección. Dichas visitas podrán contar con la participación de peritos y técnicos, debiendo el inspector brindar el alcance del tipo de perito a ser solicitado, especificando los aspectos técnicos, perfil y capacitación requerida.
  • Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas deberá garantizarse la presencia de, por lo menos, dos representantes titulares del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (uno de la parte trabajadora y uno de la parte empleadora). La participación de los representantes de las organizaciones sindicales es obligatoria solo en caso de accidentes mortales o accidentes graves que imposibiliten la presencia del trabajador afectado.
  • El inspector de trabajo solicitará la generación de una nueva orden de inspección en caso que se constate algún acto de hostilidad por parte del empleador contra los trabajadores, sus representantes o miembros del Comité.
  • La fiscalización se centra, principalmente, en las materias recogidas en el “Listado de requerimientos en seguridad y salud en el trabajo” que obra como Anexo N° 01 del proyecto de directiva.

Comentarios

Consideramos que esta parte del proyecto debería incorporar los siguientes aspectos:

a. En el punto 7.3.1 debería señalarse la posibilidad de extender el plazo de la orden de inspección en situaciones excepcionales, cuando la finalidad sea conceder al empleador un término razonable y suficiente a fin de dar cumplimiento al requerimiento de subsanación que corresponda. Por ejemplo, cuando existan observaciones subsanables a la conformación y/o constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Esto conlleva la necesidad de contar —por lo menos— con un plazo no menor de 20 días para dichos efectos.

b. Incorporar como punto 7.3.11 la participación obligatoria de las empresas contratistas, subcontratistas o empresas de tercerización en la investigación de los accidentes o incidentes de trabajo que realicen los inspectores.

Al margen de la responsabilidad administrativa que puedan tener dichas empresas respecto de sus trabajadores, o en todo caso la empresa principal o usuaria a causa del deber de vigilancia impuesto por ley, es importante contar con la participación de aquéllas a efectos de realizar una debida investigación del evento así como del cumplimiento de las obligaciones laborales que les compete.

c. En el punto 7.3.4 se otorga total libertad al inspector de trabajo para definir la parte técnica, el perfil y hasta la capacitación que debe tener el perito. Consideramos que la generalidad de este precepto y la discrecionalidad que concede podría conducir a arbitrariedades en un aspecto tan sensible e importante como lo es la opinión técnica especializada respecto de las condiciones de seguridad que otorgan los empleadores. Esta disposición es inconveniente, porque podría conducir a una disparidad de criterios respecto de las características idóneas de los peritos que se convoquen.

Por el contrario, para la elección de los peritos en los procedimientos inspectivos, debería retomarse lo que ya se encuentra establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo No. 009-2012-TR; esto es, que exista una terna única de peritos, y que el acceso a la misma se encuentre normado de manera uniforme mediante Resolución Ministerial.  Señala la norma comentada:

Decreto Supremo No. 009-2012-TR

Artículo 3º.- Lista de peritos en materia de seguridad y salud en el trabajo El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, conforma una lista de peritos en seguridad y salud en el trabajo con el objeto de emitir informes técnicos a la inspección del trabajo, cuando ésta lo requiera.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regula mediante resolución ministerial los requisitos para acceder a la lista de peritos, los criterios de elección, y la forma de contratación y pago de honorarios; sin perjuicio de las reglas especiales en la inspección de las actividades de energía y minas, las que se financian con el arancel de fiscalización establecido en la Ley.

d. En el punto 7.3.6 se señala que se podrá solicitar la presencia del secretario general y/o algún representante de la organización sindical o delegado sindical, según corresponda, a efectos de que estén presentes desde el inicio de la diligencia.

Consideramos que bastaría con la participación de uno de ellos, por lo que debería retirarse el conectivo “y”.

3. Durante la visita de inspección y comparecencias

  • El proyecto recoge las pautas para la realización de la visita inspectiva en las instalaciones o áreas del centro laboral, precisando que la inspección debe ser exhaustiva, siguiendo el proceso productivo de la empresa desde el inicio hasta el final, poniendo énfasis en los puestos que acarren un mayor riesgo.
  • La documentación solicitada al inspeccionado deberá ser la estrictamente necesaria y vinculada a las materias objeto de inspección. Solo se procederá a imprimir aquellos documentos que resulten relevantes para sustentar los hechos verificados y las conclusiones del acta de infracción o informe de actuaciones inspectivas.
  • A partir de los riesgos verificados, el inspector de trabajo podrá disponer de ciertas medidas, como son: la adopción de acciones correctivas inmediatas, la implementación de medidas de prevención y protección necesarias (privilegiando el control colectivo), o la inmediata paralización o prohibición de trabajos o tareas.
  • Las comparecencias se sujetarán a lo previsto en el punto 7.9 de la Directiva sobre “Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva” en lo que respecta a la hora de la citación y el tiempo de tolerancia, la inasistencia del inspector de trabajo y la representación del sujeto inspeccionado.

Comentarios:

En este punto consideramos que la directiva debería pronunciarse respecto de los siguientes temas:

a. La Directiva General N° 003-2011-MTPE/2/16, sobre verificación de accidentes en los centros de trabajo, se encuentra vigente. Sin embargo, no se menciona en el proyecto que comentamos nada acerca de su posible derogación.

Dado que ambas desarrollarían en común el procedimiento de verificación de accidentes de trabajo, sería conveniente precisar si la Directiva General N° 003-2011-MTPE/2/16 continuará vigente (total o parcialmente), o si más bien queda eliminada.

b. Este documento (así como el proyecto de Directiva sobre las reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva) debería desarrollar en qué casos se hará uso de la medida de advertencia, pues si bien el artículo 20° de la Ley N° 28806 la define como una medida que pueden adoptar los inspectores de trabajo, en la práctica casi nunca se aplica y se desconocen sus efectos.

c. El documento debería señalar expresamente que los inspectores de trabajo deben realizar los recorridos en el centro de trabajo premunidos de los equipos de protección personal necesarios proporcionados por SUNAFIL. Asimismo, cuando corresponda, deberán contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) activo, tal como deriva de la aplicación de la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, debiendo acreditar dicha circunstancia ante el empleador antes de proceder con la visita. Esto debido a que las visitas de inspección podrían generar también exposición a riesgos para los partícipes de la diligencia.

4. Conclusión de las actuaciones inspectivas

  • Culminadas las actuaciones de investigación y habiéndose verificado la comisión de una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, se emitirá: a) medida de requerimiento para la adopción de las medidas correctivas necesarias en un plazo razonable; o b) constancia de hechos insubsanables.
  • Si se verifica el cumplimiento de las materias laborales sujetas a inspección o habiéndose subsanado la medida de requerimiento, se emitirá un informe de actuaciones inspectivas.
  • El informe de actuaciones inspectivas será notificado al denunciante en todos los casos; sin embargo, la parte empleadora será notificada con dicho informe solo a solicitud.
  • La directiva recoge el contenido mínimo del acta de infracción, en especial, cuando se trata de la investigación de un accidente de trabajo.
  • Finalmente, se reitera que en caso de infracciones que causen la muerte o invalidez permanente total o parcial del trabajador, para el cálculo de la multa se considerará como afectados al total de trabajadores de la empresa, aplicándose una sobretasa del 50%.

Comentarios

El documento hace referencia al “plazo razonable” para el cumplimiento de la medida de requerimiento; sin embargo, consideramos que el término correcto debería ser “plazo razonable y suficiente”, según la naturaleza de los aspectos por subsanar.

En la práctica, el plazo que aplica la Autoridad Inspectiva no supera los 6 o 7 días hábiles para las materias más complejas.  Sin embargo, existen casos que ameritan el otorgamiento de un plazo mayor para cumplir con el requerimiento, como es el caso de las infracciones por la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, las mismas que conllevan —como hemos indicado— un plazo de por lo menos 20 días para su reconformación.  Replantear este dispositivo es muy importante porque tener la oportunidad de subsanar las infracciones advertidas es también un derecho del administrado (empleador).  De ninguna manera es un acto de gracia de la autoridad.