Por María Teresa Quiñones, publicado en Semana Económica el 29 de enero de 2017.

Entre el 2001 y el 2016, en el Perú se han suscrito 84 contratos de concesión y otras asociaciones público-privadas (APP). Una inversión proyectada superior a US$27,600 millones que, a la vez, contrasta con las 103 modificaciones contractuales (‘adendas’) a los contratos de APP que se celebraron entre el 2000 y el 2013, según la Contraloría General de la República.

Si bien una ‘adenda’ puede ser necesaria cuando regula lo que no pudo ser previsto por las partes al celebrar el contrato, casi el 90% de las modificaciones evaluadas por la Contraloría se originaron en causas que sí pudieron ser previstas. Éstas derivan, fundamentalmente, de la deficiencia de los estudios que sirvieron de base para la licitación y de una inadecuada asignación de riesgos que garanticen la viabilidad financiera del proyecto. (Ver más)