El 7 de enero de 2017 se ha emitido el Decreto Legislativo No. 1352, que introduce importantes modificaciones a la Ley No. 30424, sobre responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por actos de corrupción. Se trata de un nuevo sistema de imputación de delitos a las empresas, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2018 y cuyas notas más resaltantes son las siguientes:

  1. A partir del 1 de enero de 2018, las personas jurídicas podrán ser investigadas, procesadas y sancionadas ―de modo autónomo, con independencia de las responsabilidades individuales en las que pudieran haber incurrido sus representantes, administradores, ejecutivos o empleados― por delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Específicamente, la nueva legislación considera como sujeto de imputación a las:

-    Personas jurídicas de derecho privado, constituidas bajo cualquiera de las formas previstas en la Ley General de Sociedades: sociedades anónimas cerradas, ordinarias y abiertas; sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada. Se incluye a las sociedades irregulares (no inscritas).

-    Personas jurídicas de derecho privado, constituidas bajo cualquiera de las formas previstas en el Código Civil: asociaciones, fundaciones, comités, incluyendo a las que no se encuentren inscritas.

-    Entidades administradoras de patrimonios autónomos.

-    Empresas estatales.

-    Sociedades de economía mixta.

  1. La autonomía de la responsabilidad imputable a las personas jurídicas reside en:

La posibilidad de investigar, procesar y sancionar a las empresas (y personas jurídicas, en general) por la comisión de determinados delitos cometidos en el curso de su actividad económica, aun cuando las personas naturales que participaron en su ejecución no hayan sido procesadas y/o condenadas.

  1. El régimen de responsabilidad autónoma aplicable a las personas jurídicas únicamente está referido a la comisión de los siguientes delitos y modalidades:cuadro1
  2. La responsabilidad por los delitos antes mencionados se atribuye autónomamente a la persona jurídica, siempre que haya sido cometido (i) en su nombre o por cuenta de ésta; (ii) en su beneficio (directo o indirecto); y, (iii) haya sido ejecutado por:

(i)      Sus socios, directores, administradores de hecho o de derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias.

(ii)     Sujetos que se encuentren bajo la autoridad y control de los órganos de administración, siempre que hayan cometido el delito bajo sus órdenes o autorización (e.g. trabajadores sin funciones de representación ni administración, locadores de servicios).

(iii)    Sujetos que se encuentren bajo la autoridad y control de los órganos de administración, siempre que hayan cometido el delito debido a la falta de supervisión, vigilancia y control respecto de su actuación (e.g. trabajadores sin funciones de representación ni administración, locadores de servicios).

La Ley establece que las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices serán responsables y sancionadas únicamente si los ejecutivos o trabajadores de sus filiales o subsidiarias, que incurran en prácticas de corrupción o de lavado de activos, hayan actuado bajo sus órdenes, autorización o con su consentimiento.

  1. La investigación y procesamiento de las personas jurídicas imputadas por actos de corrupción y/o de lavado de activos, se realizará conforme a las reglas del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo No. 957). Las sanciones que podrán imponérseles a las personas jurídicas que ―a la conclusión del proceso penal― resulten responsables son las siguientes:

(i)      Multa no menor del doble ni mayor del séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito. Cuando no es posible cuantificar el beneficio obtenido o esperado, se establecen los siguientes criterios para fijar la multa: (a) cuando el ingreso anual de la persona jurídica ascienda hasta 150 UIT, la multa es no menor de 10 ni mayor de 50 UIT; (b) cuando el ingreso anual de la persona jurídica sea mayor a 150 UIT y menor de 1,700 UIT, la multa es no menor de 50 ni mayor de 500 UIT; y, (c) cuando el ingreso anual de la persona jurídica supere las 1,700 UIT, la multa es no menor de 500 ni mayor de 10000 UIT; y/o,

(ii)     Suspensión de las actividades sociales por un plazo no menor de 6 meses ni mayor de 2 años; y/o,

(iii)    Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición puede ser definitiva o temporal (en este último caso no será menor de 1 ni mayor de 5 años) ; y/o,

(iv)    Inhabilitación perpetua para contratar con el Estado; y/o,

(v)     Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales; y/o,

(vi)    Clausura de locales o establecimientos, con carácter temporal (no menor de 1 ni mayor de 5 años) o definitivo; y/o,

(vii)   Disolución de la persona jurídica.

Se establece que el cambio de nombre, denominación o razón social, reorganización societaria, transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad, no impide la atribución de responsabilidad a la misma y la aplicación de las sanciones previstas en la Ley.

Para los casos de adquisiciones de empresas vía escisiones o fusiones por absorción, se establece que la entidad adquirente no podrá ser sancionada por los actos de la entidad absorbida, si es que aquella realizó un adecuado proceso de debida diligencia (due diligence). La ley define a la ‘debida diligencia’ como la adopción de acciones razonables destinadas a verificar que la persona jurídica fusionada o escindida no ha cometido ninguno de los delitos que generan responsabilidad autónoma (i.e. corrupción de funcionarios y lavado de activos).

  1. Las personas jurídicas no incurrirán en responsabilidad por los delitos de corrupción o de lavado de activos que pudieran cometerse en el curso de su actividad, si es que con anterioridad a la comisión de tales delitos hubiera implementado eficazmente un modelo de prevención de delitos (Programa de Cumplimiento Normativo en materia Penal).

El modelo de prevención (o Programa de Cumplimiento Normativo en materia Penal) es un sistema de medidas, controles y procedimientos destinados a prevenir delitos que pudieran cometerse en nombre y beneficio de la empresa, o reducir significativamente el riesgo de su comisión. La Ley establece expresamente que la persona jurídica involucrada en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados, quedará exenta de responsabilidad si es que, con anterioridad a la comisión del delito, adoptó e implementó en su organización un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características.

Si a pesar de haberse implementado un modelo eficaz de prevención de delitos, los representantes, administradores, ejecutivos o trabajadores de la persona jurídica hubieren logrado eludirlo para cometer delitos de corrupción y/o de lavado de activos, la responsabilidad quedará encapsulada en las personas naturales que hayan participado en la realización del delito, mas no trascenderá a la propia persona jurídica.

  1. La eficacia del modelo de prevención de delitos implementado es valorada por las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, encargadas de la investigación y procesamiento de los delitos, respectivamente, pero con opinión previa y vinculante de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

La Ley establece como requisito previo al inicio del proceso penal contra la persona jurídica, que el Ministerio Público recabe un informe técnico de la SMV, aun cuando se trate de empresas que no coticen en el Mercado de Valores. Si el informe técnico de la SMV concluye que el modelo de prevención funciona adecuadamente, el fiscal se encuentra en la obligación de archivar el caso.

  1. La Ley que instaura el régimen de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por delitos de corrupción y de lavado de activos, entrará en vigencia el 1 de enero de 2018. Por lo tanto, sólo será aplicable respecto de hechos que ocurran a partir de esa fecha, no pudiendo ser aplicada de forma retroactiva por tratarse de una norma penal.

 

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