En la última edición de la revista “Negocios Internacionales”, Julio Guadalupe explica la importancia y efectos de la utilización extendida de sistemas informáticos.
El comercio exterior es, particularmente, dinámico y rico en casuística la misma que se encuentra en permanente evolución. Esa es su esencia y muchas veces es la propia tecnología la que acelera necesidades de cambio y actualización.
El dinamismo de los flujos comerciales de mercancías que ingresan y salen del país depende de la utilización de herramientas tecnológicas. Así, los procedimientos aduaneros, indispensables para asegurar la necesaria fluidez de estas operaciones, han requerido también ser adecuados a esta necesaria vorágine de sofisticados sistemas y soluciones informáticas.
Todo ello, por cierto, en cumplimiento y bajo los alcances de tratados internacionales suscritos por nuestro país en los que se regulan temas relativos a la facilitación del comercio y la simplificación de procedimientos aduaneros.
El problema de la rigidez de los sistemas informáticos
Las herramientas tecnológicas en referencia deberán no sólo ser permanente y oportunamente actualizadas sino también adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades que el comercio impone. Dicha adaptación requiere de soluciones informáticas ágiles y oportunas.
No obstante, en la práctica acontece que dichos sistemas informáticos muchas veces son “rígidos” antes que “flexibles”. Esta rigidez, entenderíamos, se debe a que los programas informáticos se desarrollan en base a determinadas “Reglas de Negocio” (supuestos legales específicos, requisitos, plazos, etc.) que son extraídas de aquellas normas que regulan determinados procesos de ingreso o salida de mercancías al o del país (regímenes aduaneros).
Podremos advertir, entonces, la esencia del problema: las normas “congelan” en el tiempo una situación determinada mientras que el comercio exterior se mantiene dinámico. El comercio exterior siempre estará por delante de la norma. Será la norma la que deberá adecuarse a nuevas situaciones y dar solución nueva problemática, debiendo, para ello, ser aprobados los correspondientes cambios normativos.
Pero, ¿un cambio normativo implicará necesariamente un cambio en los procesos informáticos cuando ello resulte necesario?. En realidad debería ser así, pero en la práctica esto no necesariamente ocurre. ¿Cuántas veces estamos ante situaciones en la que una particular operación de comercio exterior encuentra sustento legal pero no ha sido prevista cómo posibilidad admisible para el sistema informático que maneja la autoridad?. Subyace así un hecho fáctico: la viabilidad de una operación no necesariamente dependerá de lo que la norma establezca sino de que el sistema informático lo permita.
La automatización “boba”
Se entiende por “machine learning” el proceso en base al cual una máquina puede ser “entrenada” en base diseños algorítmicos soportados en una inmensa capacidad computacional para almacenar “big data”. Mediante este proceso se desarrollan en las máquinas habilidades de percepción (reconocimiento de voz y otros estímulos externos), comprensión (procesamiento de lo percibido) y acción (interacción con el entorno de manera proactiva) con la posibilidad, incluso, de poder ir mejorando el desempeño en forma automática (“aprender de los errores”). El resultado: “inteligencia artificial”; es decir, literalmente a las máquinas se les enseña a “pensar”.
En función a estos resultados y, sobre todo, a la cada vez mayor accesibilidad a esta tecnología, es que se aprecia una marcada orientación hacia la sistematización total, o casi total, de todo tipo de procedimiento; circunstancia que, indefectiblemente, originará el ir prescindiendo, poco a poco, del factor humano.
En Argentina, por ejemplo, se vienen utilizando ya mecanismos en base a los cuales, mediante procesos informáticos automatizados, se determina el valor aduanero para el cálculo de tributos de importación e, incluso, en algunos casos se imponen multas por la declaración incorrecta de dicho valor. Todo ello, prescindiendo del análisis de los funcionarios aduaneros.
La reflexión que de ello surge es que si de por sí en muchos casos ya resulta bastante cuestionable que un funcionario de la aduana (tercero ajeno a las partes que fijan el precio de una compra-venta internacional sobre la base de consideraciones intersubjetivas que atañen solamente a ellas) pudiese “decidir” si el precio pactado en una operación en la que no participó resulta aceptable o no, cuánto más cuestionable podría ser que dicho tercero fuese una computadora.
Reflexión que nos lleva a una importante pregunta: ¿es posible automatizar todo tipo de procedimiento? Y, si esto fuese posible ¿en qué parte los procedimientos deberían ser automatizados y en qué parte se requiere del discernimiento humano?, ¿Qué tipo y qué cantidad de “automatización” necesitamos en un país como el nuestro?
Si partimos de la premisa que una máquina no piensa sino que solo arriba a resultados considerando la información que procesa, cabe preguntarnos cuánta injusticia podría cometerse si se lleva un procedimiento sin atender a las particularidades del caso concreto; máxime si estamos hablando del análisis valorativo de hechos a los fines de imponer sanciones.
En un evento al que hace algún tiempo asistí en Buenos Aires, a la automatización desmedida y en exceso se le denominó la “automatización boba”, término que me parece sumamente gráfico para describir esta problemática.
En síntesis:
La falta de adecuados protocolos que contemplen estas situaciones originaría, indefectiblemente, innecesarias demoras y sobrecostos para los operadores de comercio exterior (OCE).
Dicho análisis, creemos, debería pasar por determinar hasta qué punto y en qué medida los “sistemas inteligentes” podrían actuar por sí mismos sin convertirse en obstáculos para el comercio exterior y sin atropellar derechos de los OCE
