DECRETOS LEGISLATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA EMITIDOS EN VIRTUD DE LA LEY No. 30823, LEY QUE DELEGA FACULTADES LEGISLATIVAS AL PODER EJECUTIVO

Al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República mediante la Ley No. 30823, el Poder Ejecutivo ha publicado diversos decretos legislativos con incidencia en materia tributaria, cuyos aspectos más importantes se detallan a continuación:

  1. Perfeccionamiento del tratamiento tributario aplicable a las rentas del Fideicomiso de Titulización para inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA), del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI), y los ingresos obtenidos por el factor en la adquisición de facturas negociables.- Mediante Decreto Legislativo No. 1371, publicado el 2 de agosto de 2018, se perfecciona la normativa tributaria aplicable a las rentas atribuibles por los FIBRA y FIRBI a sus fideicomisarios o partícipes, respectivamente.

De acuerdo con la normativa vigente, los efectos tributarios de la transferencia fiduciaria o aportes de los inmuebles a dichos vehículos de inversión se difieren a determinadas fechas, en función a supuestos específicos. En ese sentido, el Decreto Legislativo No. 1371 ha incorporado un nuevo supuesto, conforme al cual se entiende que dichos inmuebles son enajenados en la fecha en que dichos vehículos pierdan su condición de FIBRA o FIRBI, aún cuando posteriormente pueda recuperar dicha condición.

Se incorpora también una regla para determinar el valor de mercado y el costo computable en caso los partícipes no transfieran la totalidad de los certificados de participación emitidos por el FIBRA o FIRBI con ocasión de la transferencia de los inmuebles.

Asimismo, se señala que dichos vehículos de inversión inmobiliaria podrán depreciar los inmuebles que se les haya transferido en dominico fiduciario o aportado. Para ello, el costo computable de dichos bienes será el valor de suscripción que conste en los certificados de participación correspondientes.

Es importante tener presente que las modificaciones señaladas en los párrafos anteriores serán de aplicación desde el 1 de enero de 2019, incluso a los inmuebles trasferidos fiduciariamente a un FIBRA o aportados a un FIRBI hasta el 31 de diciembre de 2018.

Por otra parte, se flexibilizan los requisitos establecidos por las normas correspondientes para proceder con la aplicación de la tasa de retención definitiva del 5%. Con la modificación del Decreto Legislativo No. 1371, es suficiente que los vehículos califiquen como FIBRA o FIRBI, según las normas correspondientes, y que el fideicomisario (o los partícipes en el caso del FIRBI) y sus partes vinculadas tengan la propiedad de menos del 20% del total de certificados de participación emitidos. Los demás requisitos (e.g. actividades tercerizadas, entre otros) han sido derogados.

Finalmente, se incorporan reglas específicas para practicar la retención definitiva del 5% sobre las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles obtenidos los FIBRA y FIRBI y atribuibles a una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, o a una empresa unipersonal constituida en el exterior.

De otra parte, en cuanto a la transferencia de facturas negociables, el Decreto Legislativo No. 1371 modifica el artículo 5º y deroga el artículo 6º de la Ley No. 30532, con el fin de perfeccionar las reglas para practicar la retención del impuesto sobre los ingresos obtenidos por los servicios prestados por el factor o adquirente de las facturas.

En ese sentido, se precisa que la aplicación de la alícuota del 5% se trata de una retención definitiva. Asimismo, se señala quiénes son los obligados a practicar dicha retención; y en forma particular, se establecen reglas detalladas al respecto en caso los adquirentes de las facturas negociables sean fondos de inversión, fideicomisos bancarios o de titulización, en tanto los ingresos por dichas operaciones sean atribuibles a persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país o a una empresa unipersonal constituida en el exterior.

  1. Lineamientos con recomendaciones de la OCDE y el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal.- A través del Decreto Legislativo No. 1372, publicado el 2 de agosto de 2018, se regula la obligabción de las personas naturales de revelar su condición de “beneficiarios finales” a las personas jurídicas o entes jurídicos que posean o controlen. Asimismo, se regula la obligación de estos últimos de, a su vez, informar de dicha condición a la SUNAT.

Esta norma se dicta con la finalidad de adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la OCDE y el GAFI para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También busca garantizar la asistencia administrativa mutua con fines fiscales mediante la adopción de estándares de acceso, disponibilidad e intercambio de información del beneficiario final.

Se prevé que los profesionales del derecho y de las ciencias contables y financieras deben proporcionar dicha información a la autoridad competente cuando accedan a ella en una condición o situación distinta a la de su ejercicio profesional. Dicho deber de información alcanza a los profesionales colegiados independientes, así como a las personas jurídicas que prestan servicios contables y/o jurídicos, que de manera habitual realicen por cuenta o a nombre de sus clientes, actividades de: (i) compra y venta de inmuebles (ii) administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos (iii) organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas (iv) creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas (v) compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.

El concepto de “entes jurídicos” se refiere a patrimonios autónomos como fondos de inversión, fondos mutuos, patrimonios fideicometidos, trusts extranjeros con administrador o protector domiciliados en el Perú, etc.; y a contratos asociativos como consorcios, entre otros.

La norma delimita los criterios para determinar la calificación de “beneficiario final”, así como los mecanismos para obtener y conservar la información del beneficiario final y su uso. También establece las sanciones tributarias correspondientes.

Sin embargo, aún está pendiente de regulación: (i) el detalle de la información que se debe recolectar y declarar sobre el beneficiario final; (ii) las acciones que deberán realizar e implementar las personas jurídicas y entes jurídicos obligados a presentar la declaración de beneficiario final para que puedan acceder, proporcionar y conservar dicha información. Ello se regulará mediante el reglamento pertinente que deberá expedirse en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días.

  1. Certificados Digitales y comprobantes de pago electrónicos.- Mediante Decreto Legislativo No. 1370 se modifica la Ley de Firmas y Certificados Digitales, No. 27269, autorizando a la SUNAT para que hasta el 30 de junio de 2020, pueda ejercer funciones de Entidad de Registro o Verificación, respecto de certificados digitales solicitados por personas naturales o jurídicas que generen ingresos netos anuales de hasta trescientas (300) UIT. Ello para facilitar que los contribuyentes puedan obtener los certificados digitales necesarios para la emisión de comprobantes de pago electrónicos.

De otro lado, se modifica también la Ley Marco de Comprobantes de Pago, Decreto Ley No. 25632 para señalar que cuando los comprobantes de pago o los documentos vinculados a los mismos se emitan de manera electrónica, se considerará como representación impresa, digital u otra de éstos para todo efecto tributario al resumen en soporte de papel, digital u otro que se otorgue de acuerdo a las normas aprobadas por la SUNAT.

  1. Impuesto a la Renta – Precios de Transferencia.- A través del Decreto Legislativo No. 1369 se ha modificado, con vigencia a partir del 1 de enero de 2019, las reglas en materia de deducción de gastos por servicios sujetos al ámbito de aplicación de los Precios de Transferencia, en dos aspectos esenciales:

-     Se han eliminado los requisitos consistentes en cumplir con el test de beneficio y proporcionar la documentación e información solicitada (entre ellos la desagregación de los gastos y costos del proveedor), como condiciones para la deducción tributaria a los usuarios de servicios proveídos desde, hacía o a través de paraísos fiscales, por sujetos con los que no se guarde vinculación. La regla subsiste solo para servicios entre partes vinculadas.

-     La deducción tributaria de servicios provistos por una parte vinculada, por una suma determinada por la sumatoria de los gastos y costos del proveedor más el margen de ganancia aplicado sobre los mismos, se mantendrá solo para los denominados servicios de bajo valor añadido (con el margen máximo de 5%). En los demás casos, se ha eliminado dicha exigencia, con lo cual se aclara que la valorización de los servicios deducidos podrá realizarse con sujeción a cualquiera de los métodos de precios de transferencia que contempla la Ley del Impuesto a la Renta.

De otro lado, en materia de gastos por servicios, regalías, cesiones en uso y otras transacciones de naturaleza similar, efectuadas por contribuyentes domiciliados con sujetos no domiciliados, se han producido dos importantes cambios:

-     Se ha eliminado la obligación de abonar el “monto equivalente a la retención” en la oportunidad en que se realiza la provisión del gasto o costo contable. Por ende, la retención solo será exigible en el momento de pago o acreditación de la renta.

-     La deducción como gasto o costo de estas transacciones en el ejercicio de su devengo está supeditada a que la correspondiente retribución al no domiciliado se pague hasta la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta. De no cumplirse esta condición, la deducción procederá en el ejercicio del pago, aun cuando la provisión se encuentre registrada en un ejercicio anterior.


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