El 8 de abril, el Tribunal Supremo español emitió la Sentencia N° 298/2024, resolviendo un caso penal en el cual se imputó a tres compañías y sus socios por defraudación tributaria y falsedad documental. Se les acusó de haber omitido declarar ingresos ante la administración tributaria mediante el uso de contratos simulados y facturas falsas.
