Asesoramos a nuestros clientes en procedimientos administrativos ante las distintas entidades públicas relacionadas con el sector, como el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), el Ministerio del Ambiente (MINAM), y la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). También acompañamos a nuestros clientes en procesos de fiscalización y procedimientos sancionadores. Adicionalmente, brindamos soporte en la estructuración de contratos de compraventa, asociativos, de procesamiento, exportación y servicios logísticos, así como en operaciones de financiamiento y adquisición de empresas y activos vinculados a la actividad pesquera.
Nuestra práctica combina un profundo conocimiento técnico del sector con un sólido entendimiento del marco jurídico aplicable, lo que nos permite ofrecer soluciones legales estratégicas, oportunas y plenamente alineadas con las exigencias regulatorias y comerciales del mercado.
